Colombia es el sexto país con mayor reserva de agua dulce en el mundo, por eso sorprende que el 58% de la población rural colombiana no tiene agua apta para el consumo humano*, La Mesa Permanente por el Derecho al Agua en Montes de María es uno de los procesos comunitarios que reclaman este derecho vital y que viene liderando acciones de hecho y derecho desde que se conformó en el 2018.

Esta Mesa ha logrado articular las luchas de las comunidades campesinas y étnicas de los Montes de María a partir de encuentros en distintos municipios que ha permitido reconocer los conflictos y realidades locales, ampliar la participación comunitaria y establecer diálogos con diferentes actores para llegar a acuerdos locales por el agua.

En este camino la Mesa ha contado con el acompañamiento de actores institucionales y no gubernamentales como la Procuraduría Ambiental y Agraria, la Defensoría del Pueblo, la Corporación Desarrollo Solidario, Dejusticia, entre otras, que han sido claves en los diálogos con Cardique, las alcaldías, las empresas privadas y actores comunitarios para acceder al agua y proteger las fuentes hídricas que aún quedan en los territorios rurales.

La Mesa Agua surge precisamente de la necesidad de articular las luchas rurales por el acceso al agua: “Nos dimos cuenta que otros compañeros tenían la misma lucha por tener agua potable en sus comunidades, estamos viendo como actores externos se aprovechan de nuestros recursos, pareciera que hubiera una estrategia para robarnos el agua. Nosotros la producimos en la montaña y otros la usan para todo, menos para el consumo humano, es por eso que surge esta Mesa” afirma uno de sus integrantes.

Es así como mes a mes y durante un año se logró visitar diferentes comunidades rurales para realizar las sesiones ampliadas de la Mesa Agua. En estos espacios se conocían las problemáticas, se abordaban temáticas claves de las luchas por el agua y se definían acciones colectivas para su defensa. De igual manera se establecían diálogos con otros actores con el fin de generar alianzas por el agua.

Diálogos y acuerdos locales

El 2 de mayo de 2019 las comunidades campesinas de tres municipios cerraron las compuertas del Distrito de Riego Marialabaja, la medida de protesta, la tomaron en una de las épocas más fuertes de verano que han tenido en la zona. Ese año los niveles del agua de la represa Arroyo Grande, cuerpo de agua que abastece el Distrito, bajaron de una manera alarmante. A pesar de la situación crítica las compuertas de la represa seguían abiertas surtiendo agua para los cultivos aledaños al Distrito, más de 10 mil hectáreas de palma de aceite y una mucho menor cantidad de arroz de riego

Los campesinos exigían detener este consumo excesivo de agua por parte de los cultivadores de palma y arroz. Afirmaban que miles de familias dependen de los cuerpos de agua que conforman el Distrito de riego y por tanto no permitirían que continuara su deterioro.

Diez días después, el 12 de mayo de 2019 un día significativo en la historia de las movilizaciones comunitarias por el agua, la Mesa de Agua firmó un Acuerdo de Voluntades con los arroceros de la región para la protección del Distrito de riego de María La Baja y sus afluentes. Dicho acuerdo principalmente busca crear mecanismos de control para el uso racional del agua, garantizar su acceso y uso en las comunidades rurales.

El cierre de las compuertas del Distrito, sólo es una de las medidas de movilización tomadas por los campesinos, dos meses antes el 22 de marzo de 2019, habían participado en una audiencia pública nacional por el derecho al agua ante el congreso de la República, y en octubre del 2018 realizaron una marcha pacífica por los derechos rurales; en sus demandas establecían como prioridad el acceso al agua potable.

Estas acciones han llamado la atención de los medios de comunicación y de las entidades públicas, poniendo nuevamente en la agenda la disputa que hace años tienen por el uso y acceso al agua potable, la prestación de servicios básicos como el acueducto, el alcantarillado y el cuidado de los ecosistemas de la zona.

Diálogos institucionales y acciones jurídicas