Por: Natalia Cardona Rivillas
Integrante del Equipo de comunicación rural de OPDS- CDS
Las disputas por el agua en los Montes de María se han profundizado con un modelo económico que privilegia las relaciones desiguales de tenencia de la tierra en la región. Esta ha sido una realidad que las comunidades campesinas y las organizaciones del territorio han evidenciado y ha motivado a buscar soluciones y formas de aportar en el objetivo de la garantía de derechos para la permanencia digna de las comunidades campesinas.
El derecho a la alimentación, al acceso a la tierra, a las semillas criollas, a un ambiente sano, entre otros, son derechos que se conectan con el derecho fundamental al agua en Colombia. Pese a que desde el año 2006 se propuso un referendo por el agua para lograr que lo fuera, hoy a 2020 no se ha logrado. Lo que ha hecho necesaria la incidencia local en la planeación y en las formas de gestión social y ambiental del territorio para exigir y proponer acciones que garanticen el acceso al agua no solo para las comunidades étnicas y campesinas, sino también para todos los seres vivos, lo que incluye los ecosistemas de ciénaga y de bosque seco tropical que son parte de la naturaleza y la identidad montemariana.
Por ello, desde el año 2017, la Mesa Permanente por el Derecho al Agua en los Montes de María, como resultado de las acciones de incidencia, movilización y acción colectiva de las Organizaciones de Población Desplazada, Étnica y Campesina, la Mesa de Interlocución y Concertación, la Corporación Desarrollo Solidario, la Red Nacional de Acueductos Comunitarios de la región caribe y otros procesos colectivos que velan por la protección, conservación y gestión del agua en San José del Playón en Maria la baja, Santo Domingo Meza y Camarón en el Carmen de Bolívar, Ovejas, entre otros corregimientos y municipios de la región.
En total, en Montes de María se cuenta con 1.394 zonas de humedales que suman 131.391 hectáreas, que corresponden a 19.5% del territorio. Sumando las zonas de reserva en municipios como San Juan Nepomuceno (2.829 ha), San Onofre (1.047 ha) y entre los municipios de Chalán, Colosó y Tolú Viejo (6.652 ha), para un total de 10.528 hectáreas frente a las 12.642 sembradas de palma de aceite que a 2017 hacían presencia en la región. Amenazas como el monocultivo de piña y la minería también disputan los usos del agua y la tierra con las comunidades.
Como consecuencia, la Mesa ha incluido en sus acciones, procesos de pedagogía y de orientación a las comunidades, como lo afirma Jesús Pérez, líder de la comunidad de Palo Altico e integrante del grupo dinamizador. A partir de esto, se rescatan y fortalecen las relaciones tradicionales de las comunidades étnicas y campesinas con el agua y con su cuidado, del que hacen parte las especies nativas como el matarraton o las ceibas, importantes aportes a la calidad y disponibilidad de los cuerpos de agua.
Los retos para asegurar el bienestar colectivo y ecosistémico son diversos, Gabriel Urbano, de la Corporación Desarrollo Solidario, destaca tres aspectos en los que es importante trabajar, el primero es mejorar las condiciones de dignidad en las que viven las comunidades campesinas y étnicas, segundo, iniciar un proceso de redistribución de la tierra acompañada de un ordenamiento territorial que garanticen los bosques, los cuerpos de agua y que favorezca la agricultura campesina y tercero, fortalecer los conocimientos asociados a la biodiversidad.
Así, con la unión por la defensa del agua en los Montes de María, presentamos este espacio virtual donde buscamos la gestión, investigación, creación y difusión de contenidos sobre las experiencias y las voces que protegen las fuentes hídricas, la diversidad biológica y cultural alrededor del agua como bien común. Somos la Mesa Permanente por el derecho al agua en los Montes de María.